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Por Mia Osmonbekov
Cronkite Noticias
WASHINGTON – La amenaza de un cierre del gobierno puso a el voto de los no ciudadanos, un punto de controversia política en Arizona, en el centro de atención nacional después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, vinculara el paquete de financiamiento gubernamental con un controvertido proyecto de ley de integridad electoral.
Respaldada por el expresidente Donald Trump y cuatro miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. de Arizona, la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE) requeriría una prueba de ciudadanía para registrarse y votar en las elecciones federales.
Aunque el Congreso aprobó un nuevo paquete de gasto sin la Ley SAVE, su inclusión original señala la popularidad de las narrativas de fraude electoral en este ciclo electoral. El voto no ciudadano, como un elemento de fraude electoral, ha sido un tema polémico en Arizona, un estado que el presidente Joe Biden ganó por 10,000 votos en 2020.
En Arizona, los republicanos han intentado frenar el espectro del voto no ciudadanos a pesar de múltiples estudios que muestran que es raro. Los habitantes de Arizona aprobaron una medida en las urnas en 2004 que requería que los votantes mostraran prueba de ciudadanía antes de registrarse para votar en elecciones federales, estatales y locales. Sin prueba de ciudadanía, deben atestiguar bajo pena de perjurio que son ciudadanos y luego pueden recibir una sola boleta federal.
Sin embargo, los republicanos de Arizona cambiaron brevemente su postura sobre la exigencia de prueba de ciudadanía cuando un error en la base de datos podría haber privado del derecho a voto a unos 98,000 votantes, la mayoría republicanos, en elecciones locales y estatales. Ese número se ha más que duplicado a 218,000. El Partido Republicano inicialmente se unió al secretario de estado demócrata, Adrian Fontes, para instar a la Corte Suprema de Arizona a mantener el acceso completo a las boletas para estos votantes.
“El gobierno no debe penalizar a casi 100,000 votantes de Arizona por un error cometido por el propio gobierno. No permitiremos que se prive de derechos a los votantes, especialmente tan cerca de una elección”, dijo la presidenta del Partido Republicano, Gina Swoboda, en un comunicado del 18 de septiembre, antes de que los funcionarios anunciaran que había más votantes afectados.
El tribunal falló a su favor, permitiendo que los votantes tuvieran acceso completo a la boleta.
Fontes anunció el lunes que el número de votantes con ciudadanía no confirmada se había duplicado a más de 200,000, y el breve momento de cooperación con el Partido Republicano terminó cuando Swoboda criticó a Fontes por no ser “tan franco con los arizonenses como hubiéramos esperado”, según Associated Press.
El voto no ciudadano se utiliza para movilizar a las bases de derecha mientras se impide votar a ciertos grupos demográficos, según Ron Hayduk, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de San Francisco. Señaló un “esfuerzo concertado” de la Coalición Sólo Ciudadanos Votan, que ha impulsado la Ley SAVE y ha afirmado que la elección de 2020 fue robada para sacar el “voto antiinmigrante”.
“Continúa promoviendo la idea de que hay fraude electoral y esta es la solución”, dijo Hayduk, señalando que fomenta la narrativa de que “Biden y (Kamala) Harris están permitiendo la entrada de inmigrantes al país para robar las elecciones a los republicanos, los verdaderos ciudadanos… Así que esto aumenta la participación electoral y mantiene viva esta mentira”.
Un estudio de 2017 del progresista Centro Brennan para la Justicia, analizó 42 jurisdicciones que tabularon 23.5 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2016 y encontró que los votos indebidos de no ciudadanos representaban solo el 0.0001% en esas jurisdicciones. El Instituto Cato, de tendencia libertaria, describió de manera similar las afirmaciones de un voto generalizado de no ciudadanos como “falsas” y “sensacionalistas”.
Pero Trump ha seguido promoviendo la narrativa de que los demócratas permiten que no ciudadanos voten ilegalmente en masa, incluso instando a los republicanos a aprobar la Ley SAVE con el proyecto de financiamiento o permitir el cierre del gobierno.
“Nuestras elecciones son malas”, dijo Trump durante el debate presidencial del 10 de septiembre. “Y muchos de estos inmigrantes ilegales que están entrando, están tratando de que voten. Ni siquiera hablan inglés. Ni siquiera saben en qué país están prácticamente. Y estas personas están tratando de que voten. Y por eso les están permitiendo entrar en nuestro país”.
Aunque el consenso de la investigación es que el voto de no ciudadanos es raro, un estudio de 2014 resurgió durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 10 de septiembre, presentando el problema como pequeño pero significativo. Realizado por Jesse Richman, profesor de la Universidad Old Dominion, y dos colegas, el estudio fue invocado por Trump para afirmar falsamente que millones de no ciudadanos votaron en las elecciones de 2016, lo que, según él, fue la razón por la que perdió el voto popular.
El trabajo de Richman provocó controversia en los círculos de ciencias políticas, criticado por su metodología, pero dijo que los políticos condenan injustamente o utilizan sus resultados en lugar de abordar el problema de manera equilibrada.
“No estoy de acuerdo con los demócratas y otros que dicen que no hay pruebas de votación de no ciudadanos. Por otro lado, no estoy de acuerdo con los republicanos que piensan que el voto de no ciudadanos es el monstruo que está devorando su democracia”, dijo Richman.
Hayduk dijo que los republicanos confían en el estudio de 2014 para alimentar narrativas exageradas sobre el voto de los no ciudadanos.
“(Los republicanos) quieren seguir elevando este estudio que ha sido desacreditado porque cuenta la historia que quieren contar”, dijo Hayduk. “Es un poco desconcertante y exasperante que estos estudios continúen recibiendo oxígeno y que esta narrativa del mito del fraude electoral continúe”.
La Ley SAVE, que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU., “crea barreras innecesarias” para los votantes, según la estratega política de la ACLU de Arizona, Katelynn Contreras.
“Cuando una persona se registra para votar en los Estados Unidos, ya tiene que demostrar su ciudadanía mediante la obtención de una licencia de conducir o proporcionando su número de identificación tribal”, dijo Contreras. “Poner la carga de la prueba en la persona es un poco oneroso cuando el gobierno tiene acceso a toda una plétora de bases de datos para verificar por su parte si un individuo es un ciudadano”.
Los expertos dicen que ciertos grupos se ven más afectados por estas barreras que otros: estudiantes, nativos americanos, personas de bajos ingresos, adultos mayores y personas de color, particularmente latinos.
“La retórica que rodea al fraude electoral no solo inflama estas tensiones, sino que también coloca un blanco en las espaldas de todos los latinos y personas de color”, dijo Monica Sandschafer, directora del grupo de defensa Mi Familia Vota en Arizona, en un comunicado enviado por correo electrónico.
Mi Familia Vota y otros grupos de derechos civiles habían demandado a los republicanos por dos leyes estatales de 2022, los proyectos de ley 2492 y 2243 de la Cámara de Representantes, que requerían que los arizonenses revelaran su lugar de nacimiento, proporcionaran prueba de ciudadanía para las elecciones federales y requerían que el registro del condado cancelara los votos si tenían motivos para creer que el votante no era ciudadano. Algunas disposiciones fueron derogadas, pero el caso sigue su curso.
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