La lucha por un castigo justo: Los feminicidios de Ecuador

Nombre: CNS-FemEcua. 1600 palabras. Por Mollie Jamison

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El 18 de febrero de 2021, Gabriela Camacho esperaba afuera de un juzgado en Guayaquil, Ecuador, con amigos, familiares y simpatizantes. Era la tarde y ya llevaban horas allí. Con pancartas en mano, gritaban consignas y exigían justicia para la hermana de Gabriela, Adriana, y su sobrino Santiago, asesinados el año pasado.

Después de casi 12 meses de demoras, Camacho, su familia y amigos exigieron al tribunal que tome una decisión y le dé al asesino, Erick Gustavo, la pena máxima. Los oficiales no la dejaron entrar y fue colocada en una sala de espera, pero fue enviada afuera cuando el edificio cerró. Tan pronto como terminó la audiencia, saludó a su madre Patricia Bermúdez con lágrimas y un abrazo. Ella estaba desesperada por las noticias.

“Hija, 34 años, hija, le dieron 34 años. Se hizo justicia”, dijo Bermúdez.

En ese momento, dijo Camacho, al recordar el encuentro, “abracé a mi mamá y yo también me puse a llorar”.

Limitaciones de tiempo

El 24 de febrero de 2020, Adriana Camacho, de 36 años, y su hijo Santiago, de 5, fueron envenenados por su expareja. Debido a una ley ecuatoriana, similar al estatuto de limitaciones en los Estados Unidos, el asesino tuvo que ser procesado antes del primer aniversario del crimen.

“En el Ecuador existe algo que se llama prisión preventiva que dura un año, 365 días,” dijo Camacho. “Si es que el privado de la libertad, el preso, no ha tenido una sentencia después de este año o cumplido el año, puede ser liberado. Porque eso dice la ley. Entonces era importante que esta sentencia se dé antes del año”.

En este caso, Gustavo fue sentenciado a menos de una semana antes de que terminara la prisión preventiva.

Definición y clasificación

El feminicidio se define de manera diferente en cada país, pero la idea de violencia de género es universal. En 2014, estaba específicamente escrito en la ley de Ecuador. Artículo 141, define el feminicidio como, “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

El juez declaró la muerte de Adriana y Santiago un caso de homicidio agravado, y no como dos homicidios o un feminicidio. Y porque sus asesinatos no fueron catalogados como feminicidio, Camacho dijo que no se les hizo ningún examen ginecológico.

“Nunca la revisaron para ver si había sido abusada o si tubo relaciones sexuales en sus últimas horas de vida, al niño tampoco”, dijo Camacho. “Entonces el no tener esa concepción de que hay que respetar un proceso y que tienen que ser inicial la investigación como si fuera un feminicidio. Lamentablemente tiene consecuencias que pueden ser muy perjudiciales para el resultado final, de que termine en una sentencia”.

Camacho admite que el concepto de feminicidios aún es nuevo en la ley de Ecuador y también en cómo lo entiende el público. Ella está de acuerdo con las convenciones internacionales que dicen que todo asesinato de una mujer debe primero ser investigado como feminicidio.

“En Ecuador, no funciona así”, dijo Camacho. “Primero piensan que, por el caso de ser mujer, primero piensan que te suicidaste, piensan cualquier otra cosa. Entonces hacen muchas cosas mal desde el principio del proceso y todas estas cosas tienen luego consecuencias de todo tipo”.

Números inconsistentes

En 2020, hubo 118 feminicidios en Ecuador, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) que los está rastreando. Pero si le pregunta a La Policía Nacional del Ecuador por esa misma cifra, le dirán que hubo 76 feminicidios. Adriana Camacho técnicamente no se considera uno de ellos, a pesar de que su familia afirma que sí.

“A nivel nacional, tuvimos 76 feminicidios en el año 2020,” confirmó Cabo Segundo Marco Valenzuela Ruales, agente de investigación de violencia de género de La Policía Nacional del Ecuador. “Cuarenta y cinco por ciento son con armas blancas. La mayoría son producidos en el perímetro urbano en el espacio privado dándose los días sábados. La mayoría de eventos rangos de edad de 18 a 30 años las víctimas”.

Cuando se le preguntó si la policía llevaba un registro de cuántos casos estaban sin resolver, Cabo Segundo Valenzuela Ruales respondió que no. De hecho, la información sobre casos de feminicidio no se comparte entre agencias.

“Es decir, la fiscalía tendría sus registros, la policía tiene sus registros y el juzgado tendrá sus registros porque nosotros registramos todo lo que recibimos”, dijo. “Entonces desconocemos el particular de cada caso. Nosotros llegamos de pronto a investigar, pero no hacemos estadísticas, así como me gustaría otorgarle”.

Problemas internos

La abogada Jacqueline Veira, coordinadora del equipo de apoyo legal de CEPAM, una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad de género en Ecuador, dijo que hay una falta de enfoque en reconocer las características particulares de un feminicidio.

“Hay mucho incluso que sólo ocurre en relación de pareja, desconociendo o desvirtuando la problemática histórica de subordinación y discriminación de la mujer,” dijo Veira. “ Eso lleva a registrarlo como asesinatos comunes.”

Esto es lo que pasó en el caso de Adriana Camacho. Según su hermana, fue más difícil clasificar su muerte como feminicidio porque el abuso fue psicológico.

“Entonces no reconocen y les cuesta muchísimo identificar de qué se trata la violencia de género”, dijo Camacho. “Sobre todo si no se trata de maltrato físico y si la persona no tiene boletas de captura o de auxilio, de distanciamiento, entonces, cuando como en el caso de mi hermana, la violencia se da de forma psicológica por manipulación”.

Camacho también dijo que, de su experiencia, hubo muchos retrasos innecesarios dentro del sistema de justicia que dificultan las cosas para las familias de las víctimas de feminicidio.

“Por ejemplo, todas las suspensiones que vivimos en todo el proceso de juzgamiento se dieron”, dijo ella. “Porque resulta que un día el abogado del acusado tenía otro juicio. Que estaba a punto también de caducar la prisión preventiva de otra persona”.

Además, ella dijo que algunos de los retrasos podrían haberse evitado con una mejor gestión de la oficina. Por ejemplo, a veces los jueces tenían juicios conflictivos y otras audiencias. Pero si se hace de manera más eficiente, dice que beneficia a las víctimas y los delincuentes.

“En realidad son temas administrativos que si manejaron un buen calendario en el que simplemente no se estén cruzando las audiencias unas con otras, no pasarían”. Entonces imagínate las víctimas. Se evitarían. Procesos tan dramáticos como éstos,  y así mismo, también los criminales tendrían una sentencia rápida y sabrían desde un principio que va a suceder con sus vidas. Pero no funciona como debería”.

Medidas de protección

Según la base de datos de La Policía Nacional del Ecuador, proporcionada por Cabo Segundo Valenzuela Ruales, casi el 10 por ciento de las víctimas de feminicidios en 2020 habían presentado denuncias contra sus asesinos.

En 2019, Stephanie Fyock, una estadounidense que vive en Ecuador, creó una fundación en la providencia de Santa Elena para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Como víctima de violencia doméstica, Fyock dijo que muchas mujeres nunca se presentan.

“¿Cuántas mujeres no denuncian?” dijo Fyock. “No tienen remedio. Muchas de esas mujeres reniegan porque no tienen dónde ir, no tienen trabajo. O sea, está la familia del esposo con los suegros. Entonces reniegan la denuncia y se quedan en una situación horrible”.

Por su propia experiencia en la obtención de protección, vio la desgarradora evidencia en el escritorio del oficial. Ella se sorprendió por la cantidad de personas. “Vi fotos, imágenes, cosas horribles, o sea mujeres, hecho molido,” dijo Fyock.

Ni una menos

En las redes sociales, Camacho, sus familiares y amigos han utilizado los hashtags #EllasNoSonNúmerosSonVidas y #NiUnaMenos para generar conciencia sobre los feminicidios. Usando una cuenta de Instagram se llama Justicia Para Adriana y Santiago, la familia Camacho honró la vida de las 118 víctimas de feminicidios en 2020. Presentaron fotos y detalles de la vida de las mujeres, y usaron lemas como: “Si tocan a una, respondemos todas”.

En la opinión de Camacho, habría que cambiar mucho para que haya menos feminicidios en Ecuador.

“Creo que sí, que tendría que haber menos machismo, pero tendría que cambiar absolutamente todo en nuestro país, desde lo público hasta lo privado”, dijo. “Lo que nos enseñan en nuestras casas, en las escuelas, lo que vivimos en nuestros lugares de trabajo, en la calle, en lo público”.

De hecho, Veira dijo que la construcción machista es producto del sistema patriarcal.

“No reconocer la problemática histórica de desigualdad y opresión de las mujeres conlleva a hacer invisible la magnitud del problema”, dijo Veira.

Camacho dijo que en Ecuador, una mujer es asesinada cada 72 horas. Con ese tipo de estadísticas, ella dice que el Estado tiene la culpa porque no han iniciado ningún tipo de política pública ni presionan para que se fortalezcan las sentencias. Ella dijo que la ley, tal como está, envía un mensaje a los hombres que están pensando en asesinar a su pareja y les dice que incluso con la sentencia máxima seguirán siendo jóvenes cuando sean liberados.

“Esta diciéndole a los hombres que es muy posible que si matas a tu pareja, a tu amiga, a la vecina o a esa desconocida que te encontraste en la calle”, dijo Camacho. “Es muy probable que no te vayan a agarrar. Es muy probable que no vayan a ser sentenciados como feminicidios, sino como homicidio o como asesinato, y que tu pena pueda hacer baja. Entonces el Estado en realidad le da carta abierta a él, a los machistas para que cometan sus crímenes”.

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Un grupo de personas protestando en Guayaquil, Ecuador exigiendo justicia para Adriana y Santiago Camacho. (Foto cortesía familia Camacho)
Un grupo de personas protestan en las afueras de un juzgado en Guayaquil, Ecuador. Los manifestantes piden combatir los feminicidios en Ecuador. (Foto cortesía familia Camacho)
Adriana Camacho, de 36 años, y su hijo Santiago, de 5, fueron envenenados por su expareja. (Foto cortesía familia Camacho)