Centros de detención de migrantes defienden respuesta a COVID-19

PHOENIX – El jefe de la empresa privada que dirige un centro de detención de migrantes en Eloy dijo a un panel de la Cámara de Representantes el lunes que está “inmensamente orgulloso” de sus operaciones, incluso cuando los legisladores cuestionaron su respuesta a la crisis de COVID-19.

El director ejecutivo de CoreCivic, Damon Hininger, fue uno de los cuatro contratistas privados que testificaron ante un subcomité del Departamento de Seguridad Nacional el lunes sobre su operación de centros de detención para Inmigración y Control de Aduanas, contratos que valen miles de millones, señalaron los demócratas del comité.

A lo largo de aproximadamente tres horas de audiencia virtual, los contratistas insistieron en que las condiciones en los centros de detención son “seguras” tanto para los detenidos como para los empleados y que están siguiendo las pautas de salud y seguridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Desde que comenzó la pandemia, hemos trabajado rápidamente para establecer la guía de los CDC y nuestros socios”, testificó Hininger. “Creo que las prácticas y las medidas que CoreCivic ha implementado en nuestras instalaciones han impedido una mayor transmisión de COVID-19”.

Pero la mayoría de los miembros del comité parecían escépticos.

“Está claro que ICE y sus contratistas no se han tomado este brote en serio y no lo han tratado lo suficientemente agresivo”, dijo la representante Kathleen Rice, demócrata de Nueva York y presidenta del subcomité.

Datos de ICE muestran que de la población actual de 22,835 migrantes detenidos hay 949 casos confirmados de COVID-19, parte de los 3,183 casos identificados desde que comenzaron las pruebas en febrero.

El Centro de Detención de Eloy cuenta actualmente con 116 detenidos infectados, de un total de 250 desde que comenzaron las pruebas. Esos datos son los más altos entre las instalaciones de ICE en Arizona, donde el Centro Correccional La Palma ha reportado un total de 100 casos, el Centro de Detención de Florence tenía 36 y el Centro Correccional CCA Florence había tenido 15 casos, según ICE.

Además de los detenidos, Hininger dijo que casi la mitad de los 300 empleados de CoreCivic en Eloy han sido infectados con el virus.

“Teníamos aproximadamente la mitad de nuestro personal –durante el período de la pandemia– que dieron positivo de COVID-19”, dijo Hininger.

“A partir de la semana pasada teníamos menos de 100 que fueron positivos y estamos revisando los protocolos apropiados para que puedan autoaislarse”.

Pocos republicanos asistieron a la audiencia, y los que lo hicieron no confrontaron tanto a los contratistas. La representante Debbie Lesko, R-Peoria, le preguntó a Hininger si quería refutar cualquier informe sobre las condiciones en Eloy, incluyendo informes noticiosos que apuntan a que los tapabocas y guantes están racionados, porque “los medios no siempre son precisos y a veces son parciales”.

Hininger respondió que “la instalación de Eloy tiene suministros adecuados” y que todos los empleados de las instalaciones están obligados a usar tapabocas, lo que es “recomendado” para los detenidos. Los demás testigos, en representación de GEO Group, Management & Training Corp., y LaSalle Corrections, testificaron que en sus instalaciones se requieren tapabocas tanto para el personal como para los detenidos.

La audiencia tocó una variedad de problemas en los centros, desde pruebas previas a la admisión hasta rastreo de contactos, desde transferencias de detenidos de ICE entre instalaciones hasta procesos sanitarios dentro de los centros.

El representante Joe Neguse, demócrata de Colorado, cuestionó al director general del Grupo GEO, George Zoley, sobre los informes de que un desinfectante químico ha sido usado en el Centro de Detención Adelanto siendo rociado al azar en las áreas donde estaban los detenidos sin protección. El desinfectante químico,HDQ Neutral, lleva advertencias específicas contra la exposición y el uso en áreas cerradas, pero se ha utilizado en las instalaciones de California desde mayo, según el grupo Inland Coalition for Immigration Justice.

Zoley dijo a Neguse que el Grupo GEO continuaría usando HDQ Neutral, pero se comprometió a asegurarse de que se utilizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La representante Yvette Clarke, demócrata de Nueva York, desafió a Hininger sobre la práctica de la “cohorte”, en la que se agrupan a los detenidos que han estado expuestos al coronavirus. Las directrices de CDC dicen que esta práctica debe utilizarse solo “si no hay otras opciones disponibles”, que cada detenido en el grupo debe usar un tapaboca y deben ser colocados bajo aislamiento médico.

Scott Marquardt, director general de Management & Training Corporation, defendió la práctica “cohorte” en sus instalaciones, calificandola como una de las muchas tácticas que creía que ayudarían a limitar la propagación del virus.

Hininger no respondió directamente a Clarke, diciendo que CoreCivic “hizo grandes inversiones en nuestro equipo de protección, pero también nos aseguramos de tener el personal adecuado para que se sientan cómodos y seguros y que entren en nuestras instituciones”.

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El centro de detenciones de Eloy en Arizona es administrado por CoreCivic, un contratista privado. Las compañías privadas que administran centros como el de Eloy para ICE defendieron la forma en que atendieron los casos de COVID-19 en sus instalaciones. Charlene Santiago/Cronkite News)
Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas durante un arresto este mes en la ciudad de Nueva York. Los centros de detención de ICE para migrantes dirigidos de forma privada fueron examinados por un panel el lunes, que preguntó si los contratistas han hecho lo suficiente para proteger de COVID-19 a los detenidos y empleados. (Foto cortesía Inmigración y Control de Aduanas)