Aumentan casos de COVID-19 en Centro Correccional La Palma

PHOENIX – El Centro Correccional La Palma ubicado en Eloy enfrenta otro aumento de los casos de COVID-19 entre los detenidos. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó un total de 391 casos hasta el 30 de septiembre, cifra que lo coloca con los números más altos de contagiados en centros de detenciones de inmigración en todo el país.

Dulce Granados, residente de Phoenix dijo que su esposo lleva detenido más de dos años en el Centro Correccional La Palma.

“Es algo inhumano que tengan a las personas en riesgo junto a las personas que ya tienen mucho tiempo en ese lugar. Las están poniendo junto con personas que están dando positivo, con personas nuevas que están entrando al lugar”.

Lizzy Price, directora de estrategias del grupo activista Accountable US, cuestionó los números de infectados por coronavirus reportados en centros de detenciones de ICE.

“Han fracasado en realizar las pruebas a los detenidos, han deportado incluso a inmigrantes que dieron positivo con el virus. No han proporcionado a sus empleados medidas preventivas”, agregó Price.

En un comunicado de prensa enviado a Cronkite Noticias, Yasmeen Pitts O’keefe oficial de asuntos públicos de ICE en Phoenix, se refirió a la situación indicando que ellos han seguido los protocolos de salubridad.

“ICE pudo ampliar las pruebas del Centro Correccional La Palma. Estas fueron parte de las pruebas de saturación ampliada, que incluyeron a más de mil detenidos, la mayoría de los cuales eran asintomáticos. ICE mantiene su compromiso de proporcionar información precisa y oportuna, siempre que cumpla con las directrices de CDC”, indicó el comunicado.

El Centro Correccional La Palma, que es un centro de detenciones de las autoridades migratorias, es operado por la compañía privada CoreCivic.

Ryan Gustin director de asuntos públicos de CoreCivic indicó que la administración del centro ha seguido rigurosamente la orientación de las autoridades sanitarias locales, estatales y federales.

Sin embargo, Price señaló que uno de los problemas principales –según su organización– es que no saben si las cifras reportadas son las correctas y que allí radica el problema.

Granados dijo que ella y su familia esperan la pronta liberación de su esposo, ya que le preocupa que estando en el centro de detenciones se contagie con el virus y no sea atendido adecuadamente.

“Yo entiendo que no a todas las personas las pueden dejar en libertad, pero hay personas que sí se merecen estar en libertad”, agregó Granados.

Prize reconoce que esta situación no puede cambiar de un día para otro, sin embargo recalca que ICE y el gobierno federal tienen la responsabilidad de informar al público sobre lo que está sucediendo en el interior de sus instalaciones y que deben asegurarse de encontrar mejores medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

“Creo que deberíamos eliminar gradualmente las instalaciones secretamente privadas donde realmente no sabemos qué está pasando”, finalizó Prize.

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Fotografía que muestra la silueta de reclusos en el Centro de Detenciones de Eloy en 2018. El centro cuenta con casi cuatrocientos reclusos infectados con COVID-19, lo que lo convierte en el centro con más detenidos infectados con el virus en todo el país. (Photo por Peg Hunter/Creative Commons)